1) La contribución a la calidad de vida de las personas y los pueblos supone integrar de forma transversal en el conjunto de políticas del Estado y sus territorios, la educación de la sociedad a lo largo de la vida y en todos sus ámbitos, como Derecho Humano y constitucional, promocionando la inclusión desde la educación, que debe ser garantizada por el Estado. 

 2) Las políticas de justicia social e inclusión y cohesión social necesitan de la protección y promoción del Estado, incluyendo en sus planes, programas y presupuestos la educación social (comunitaria y especializada) como una función pública e intersectorial a partir del conjunto de profesionales de la educación social/pedagogía social, necesarios en los territorios, que permita el derecho a la educación comunitaria del conjunto de la ciudadanía, así como la atención a las situaciones especializadas de inclusión socioeducativa. 

 3) La violencia como forma de resolución de los conflictos políticos y sociales, engendra mayor violencia, vulnera la paz social y constituye en sí misma un aumento de las problemáticas sociales que perpetúa y acrecienta la desintegración del bienestar. La militarización y la fuerza desproporcionada por parte del Estado, supone, además, una violencia institucional y estructural que vulnera los Derechos Humanos y la protección jurídica y social de la ciudadanía, por quienes debería ser garantizada. 

 4) En una situación de pandemia, la justicia fiscal y la redistribución inclusiva de la riqueza, el acceso y protección social, educativa y de salud, así como un ejercicio de paz positiva y estructural por parte del Estado, conforman pilares esenciales de los objetivos de desarrollo sostenible y de la construcción de una cultura de paz social y resiliente que fortalezca el músculo democrático del país y que atienda a la población y a la ciudadanía con mayor amenaza de vulneración social. 

 5) El diálogo social con el conjunto de interlocutores y actores sociales, la reformulación de las políticas justas e inclusivas, la promoción de la cultura de paz, y en ella, el ejercicio público e intersectorial de la educación social (así como su profesionalización), son herramientas de transformación sociocultural imprescindibles y urgentes en Colombia. 

Francisco José del Pozo Serrano 

PRESIDENTE FUNDADOR

 Martha Lucía Izquierdo Barrera 

 PRESIDENTE 

 Jairo Alberto Martínez Idárraga 

VICEPRESIDENTE 

 Ana Isabel Zolá Pacochá 

 SECRETARIAn